Cuatro grandes despachos litigan en México contra políticas energéticas

En México destacan cuatro grandes despachos que litigan casos relacionados con el sector energético: White & Case, a cargo de Ismael Reyes Retana; Galicia Abogados, representado por Manuel Galicia; Greenberg Traurig, a cargo de David Guerrero; y Dentons López-Velarde, de Rogelio López Velarde.

El lunes pasado, en la víspera de que la Cámara de Diputados aprobara ayer la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “traidores a la patria” a aquellos abogados que defienden a empresas extranjeras contra la reforma eléctrica.

Te recomendamos: Diputados aprueban en lo general reforma eléctrica de AMLO; discuten reservas De acuerdo con autoridades consultadas, uno de los grupos de abogados más relevante en este segmento es el de Dentons López-Velarde, en cuyas manos estuvo el laudo de 230 millones de dólares que la Corte de Arbitraje Internacional de Londres ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagarle al consorcio conformado por Caabsa, Omega y la china Sinohydro, como reparación de daños ante la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.

En 2017, la compañía eléctrica nacional canceló el proyecto con un avance de 17 por ciento en la construcción del mismo, ante la imposibilidad de avanzar por conflictos sociales, por lo que el arbitraje procedió, y tras tres años de disputas, se ordenó que la CFE indemnizara a las empresas, quienes inicialmente tenían previsto invertir más de 380 millones de dólares en el proyecto.

En julio de 2020, la CFE afirmó que analizaría la impugnación del laudo, aunque no ha dado más detalles sobre su estrategia. Otro de los casos que Dentons López-Velarde pudo ganar fue el juicio que la canadiense ATCO estableció en contra de la CFE por los 65 millones de dólares que no pudo invertir en un gasoducto de 17 kilómetros del Ramal Tula que suministraría el hidrocarburo a la termoeléctrica que opera la CFE en dicha localidad de Hidalgo, y cuya construcción fue detenida en 2015 por conflictos con ejidatarios.

(Nota del Milenio)